UN CONGRESO CIEGO Y EMBRIAGADO (columna final)

UN CONGRESO CIEGO Y EMBRIAGADO

Un ejemplo claro de que los congresistas colombianos no saben hacer leyes eficaces y de manera oportuna es el hundimiento, por quinta ocasión, delproyecto de ley que buscaba castigar con cárcel a los conductores en estado de embriaguez. No obstante, no se puede desconocer que ha sido el trabajo de algunos senadores y representantes el que ha sacado la cara por un congreso poco dignificado; por ejemplo, y siguiendo con el fracasado proyecto de ley, el presidente del senado, Roy Barreras, aseguró que en la próxima legislatura la bancada de la unidad nacional se comprometerá con llevar a buen puerto esta ley que es de extrema urgencia para el país. Sin embargo,  el buen proceder de congresistas como el senador Barreras, se ha visto opacado por las actitudes oportunistas y clientelistas de los honorables padres de la patria, quienes con gran esmero  debatieron proyectos que solo benefician a las élites, como la reelección de alcaldes y gobernadores o el tan polémico aumento del periodo de ocho a doce años para los actuales magistrados de las Cortes.

A este bochornoso espectáculo de clientelismo e ineptitud se le suman las vergonzosas declaraciones con las que los congresistas buscan defender sus inexplicables actuaciones. Solo hay que recapitular todo lo que se ha dicho en  plenaria con respecto al hundimiento del proyecto que da cárcel a los conductores borrachos. Por ejemplo, y en palabras del representante Jairo Ortega, "son millones de colombianos los que se toman sus traguitos los fines de semana”; mientras que por su parte, en una posición más coherente, pero no justificable, el congresista Germán Navas Talero afirma que no hay cárcel para tanto borracho. Entonces, malo si sí, malo si no. Precisamente el trabajo de los padres de la patria es trabajar para llegar a acuerdos que beneficien a todos los colombianos.

Es tal la situación de un Senado deshecho y una Cámara que no puede sesionar por causa del ausentismo, que el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos pidió al congreso  que se ponga a trabajar para derogar una cantidad de leyes que son innecesarias para el país y que fueron resultado de las prácticas populistas de nuestros sabios legisladores. Leyes como “regular la propiedad de las abejas”, “prohibición de la mendicidad” o el tan urgido “día del alcalde” son las que hacen pensar si los congresistas en verdad están enterados de la realidad del país en el que viven. A estas perlas habría que agregarle los proyectos que se debatieron en la pasada legislatura, como la penalización de la infidelidad, propuesta por el senador Edgar Espíndola; darle la facultad a los policías de detener a las personas que presentan alto grado de euforia o excitación, propuesta por la senadora Claudia Rodríguez; por último el proyecto abanderado por el senador Víctor Velázquez quien propuso prohibir a los miembros de la comunidad Lgbti besarse en público.  Al perecer el presidente Santos  tiene  toda la razón al decir que  el congreso debería hacer “algo como lo  que hizo Suecia en los años 70, que es dedicarse seis meses no a legislar, sino a borrar leyes innecesarias". Solo en los últimos cinco años, el Congreso expidió 327 leyes y 11 reformas de la Constitución.

Sin embargo, tampoco se puede generalizar a la hora de hablar del trabajo de  los congresistas. No hay que olvidar que durante dos legislaturas seguidas, la senadora del partido verde Gilma Jiménez ha impulsado un referendo que propone la cadena perpetua para  los violadores de niños. También, son para destacar, la ley general de bomberos la cual busca inyectarle más dinero a la infraestructura del sistema nacional de bomberos; la norma que reconoce  a la drogadicción como una enfermedad de alto costo y la ley que fortalece el programa Familias en Acción, y lo eleva al estatus de política de Estado. Eso si, las anteriores leyes fueron aprobadas a las carreras junto a otros 96 proyectos, entre los cuales se encontraba el esperpento de reforma a la justicia que blindaba a los congresistas de ser juzgados por la justicia ordinaria.

Ahora, el reto que tiene que vencer el Congreso es no dejarse distraer, en  lo posible, por aquellas discusiones que no tienen fondo ni forma, porque se corre el riesgo de perder leyes tan importantes como la ley de tierras. No quisiera pensar que a los legisladores solo les interesa  parir leyes populistas pero mal hechas, mientras que los damnificados somos los ciudadanos de a pie.

UN CONGRESO CIEGO Y EMBRIAGADO 

Señores congresistas: no es tiempo de tanta tramitomanía en la aprobación de buenas leyes. Hay algo claro aquí y es que sus acciones dejan entrever que son un congreso amañado y maniatado por los intereses de particulares. Esperemos que mañana si acaso no tumben la ley con argumentos hipócritas y digan la verdad. 

Cotra-Argumentos

Ya han sido cinco las ocasiones en la cuales el proyecto de ley que busca castigar a los conductores ebrios con cárcel se cae en el Congreso. Ahora, y con el contundente apoyo del gobierno, el senador Roy Barreras está luchando en el Senado para llevar el proyecto a buen puerto.

Sin embargo, y  a pesar de lo bueno que podría parecer el proyecto, fueron varios los  inconsistentes argumento que, durante esas  cinco anteriores ocasiones, dieron los padres de la patria  para tumbar tájateme la ley. En esta ocasión el representante Germán Navas Talero señaló que el proyecto es inconveniente para la constitución puesto que el derecho penal solo debe ser aplicado cuando hay daño a un bien jurídico como la vida; es decir, en palabras castizas, cuando   el borracho ya ha atropellado al transeúnte. (Contra- argumento)

Lo que esta vez se le olvido al honorable representante es que el vacío jurídico para juzgar a los ebrios al volante es inmenso. No solo  la no obligatoriedad de someterse a la prueba del alcolímetro, sino  la histórica impunidad que ha dejado esta clase de irresponsabilidad. Cómo se le ocurre  al jurista Navas que el proyecto de ley es inconveniente a lo que dice la constitución, cuando precisamente, lo que se busca defender es el bien más sagrado y legítimo que tiene una persona como lo es la vida. Según Gloria Stella Díaz, ponente de la ley en la Cámara de representantes,  “manejar borracho es como andar con un arma o con una bomba de tiempo”. Para Díaz es necesariotipificar como delito el solo hecho de manejar alicorado, puesto que la ley debe anticiparse y no esperar a que haya un resultado de muerte o lesión.

Y si lo anterior no es suficiente para demostrar que el manejar en estado de embriaguez si debe ser considerado como un delito, solo basta con mirar las estadísticas de la policía de tránsito con relación al tema: en el 2012, entre enero y el 15 de julio, murieron 249 personas y 1.300 resultaron lesionadas en todo el país en accidentes causados por conductores borrachos.

Eso de que el proyecto es inconveniente deja mucho que pensar y tiene todo el empaque de ser otra rebuscada escusa para justificar lo que todos sabemos: el Congreso es manejado por lobistas y las leyes están hechas a las medidas de unos pocos. 

Argumentos

El presidente del senado Roy Barreras se pronunció sobre la decisión que ha tomado el Consejo de Política Criminal del ministerio de Justicia al no aceptar el proyecto de ley que busca castigar con cárcel a los conductores ebrios. Barreras aseguró que el Consejo, y en consecuencia el ministerio, están yendo en contravía a la decisión que ya ha tomado el presidente Santos de apoyar el proyecto. El rechazo por parte de varios organismos estatales frente a la muy necesitada ley, ha venido sucediendo de manera recurrente cada vez que algún senador osa hablar  de cárcel para los borrachos.  El ejemplo más reciente lo tenemos con las inoportunas declaraciones de vice fiscal Jorge Perdomo quien se mostró en contra de la cárcel para los irresponsables.  Perdomo aduce que los senadores y representantes no se deben dejar llevar por el clamor popular y tienen que darle prioridad a la técnica jurídica. En otras palabras, el proyecto no le sirve a la fiscalía.

Pero esta no fue le única entidad pública que decidió meterle mano a la iniciativa del gobierno. El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, afirmó no estar de acuerdo con la posible ley. El insipiente argumento en el cual se escuda el defensor es que dicho proyecto “colapsaría el sistema penitenciario, ya que no daría abasto con la cantidad de reclusos que generaría esa tipificación penal”.

A pesar de las victimas que a diario dejan en las vías los “borrachines”, pareciera que a la mayoría de las entidades gubernamentales no les preocupara esto. Es indignante saber cómo la misma defensoría del pueblo va en contra de un mecanismo que busca defender a la ciudadanía y, que por su parte, la Fiscalía esté más preocupada por saber cómo se hace una ley, que por salvar muchas vidas.

Señores servidores públicos, para los que no sepan, en esta oportunidad  es el mismísimo presidente Santos el que ha pedido a los representantes y senadores no permitir que un proyecto, a todas luces bueno, se hunda en el Congreso.

¿ Qué hay detrás de la verdad ?

Ya era hora que el presidente Santos pidiera con contundencia a la bancada de la Unidad Nacional impulsar un proyecto de ley que dé cárcel a los conductores ebrios. No obstante, y no es para extrañarse, los dueños de bares y licoreras, agrupados en ASOBARES, se han mostrado bastante reacios frente a la posición de Santos y piensan que el problema del alcohol se resuelve con educación.

Preocupante, eso sí, las dos posiciones entre las cuales se están debatiendo el bienestar de los transeúntes y la responsabilidad de los conductores. El gobierno considera que más allá del daño que puedan causar los ebrios al volante, es más nocivo para el país la impunidad que dejan dichos casos a la justicia colombiana. Sin embargo, no todo el Congreso piensa que conducir con tragos a la cabeza sea un acto que merezca ser juzgado como delito.

Por todos estos antecedente y sumándole un Congreso sumiso y moldeado a las necesidades de los empresarios, no es de extrañarse pensar que bajo los cinco veces en las cuales se ha caído el proyecto, están los intereses de las industrias licoreras, quienes han actuado con un lobismo manipulador tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

¿Y cuál es la solución a la continua manipulación en el Congreso? Una de dos, o depurar el Capitolio Nacional o una iniciativa popular, porque si el presidente Santos no se para duro en la raya, muy seguramente este proyecto de ley será otra reforma a la justicia.

¿Dónde está la solución?

Se está convirtiendo en costumbre que en los titulares de  los noticieros, tanto de radio como de televisión,   estén  presentes noticias que involucren a conductores ebrios y sus víctimas.  Sin embargo, lo preocupante del caso no se presenta con el diario aparecer de estos individuos en las primeras planas, sino que peor aun es la impunidad y  flexividad con que la justicia colombiana trata a estos criminales del volante. Es pertinente decir que aunque las personas que manejan bajo la influencia del alcohol no salen a las calles con el fin de matar, si es TOTAL  responsabilidad de esta clase de conductores la vida de sus acompañante y peatones.

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