UN CONGRESO CIEGO Y EMBRIAGADO 

Señores congresistas: no es tiempo de tanta tramitomanía en la aprobación de buenas leyes. Hay algo claro aquí y es que sus acciones dejan entrever que son un congreso amañado y maniatado por los intereses de particulares. Esperemos que mañana si acaso no tumben la ley con argumentos hipócritas y digan la verdad. 

Cotra-Argumentos

Ya han sido cinco las ocasiones en la cuales el proyecto de ley que busca castigar a los conductores ebrios con cárcel se cae en el Congreso. Ahora, y con el contundente apoyo del gobierno, el senador Roy Barreras está luchando en el Senado para llevar el proyecto a buen puerto.

Sin embargo, y  a pesar de lo bueno que podría parecer el proyecto, fueron varios los  inconsistentes argumento que, durante esas  cinco anteriores ocasiones, dieron los padres de la patria  para tumbar tájateme la ley. En esta ocasión el representante Germán Navas Talero señaló que el proyecto es inconveniente para la constitución puesto que el derecho penal solo debe ser aplicado cuando hay daño a un bien jurídico como la vida; es decir, en palabras castizas, cuando   el borracho ya ha atropellado al transeúnte. (Contra- argumento)

Lo que esta vez se le olvido al honorable representante es que el vacío jurídico para juzgar a los ebrios al volante es inmenso. No solo  la no obligatoriedad de someterse a la prueba del alcolímetro, sino  la histórica impunidad que ha dejado esta clase de irresponsabilidad. Cómo se le ocurre  al jurista Navas que el proyecto de ley es inconveniente a lo que dice la constitución, cuando precisamente, lo que se busca defender es el bien más sagrado y legítimo que tiene una persona como lo es la vida. Según Gloria Stella Díaz, ponente de la ley en la Cámara de representantes,  “manejar borracho es como andar con un arma o con una bomba de tiempo”. Para Díaz es necesariotipificar como delito el solo hecho de manejar alicorado, puesto que la ley debe anticiparse y no esperar a que haya un resultado de muerte o lesión.

Y si lo anterior no es suficiente para demostrar que el manejar en estado de embriaguez si debe ser considerado como un delito, solo basta con mirar las estadísticas de la policía de tránsito con relación al tema: en el 2012, entre enero y el 15 de julio, murieron 249 personas y 1.300 resultaron lesionadas en todo el país en accidentes causados por conductores borrachos.

Eso de que el proyecto es inconveniente deja mucho que pensar y tiene todo el empaque de ser otra rebuscada escusa para justificar lo que todos sabemos: el Congreso es manejado por lobistas y las leyes están hechas a las medidas de unos pocos. 

Argumentos

El presidente del senado Roy Barreras se pronunció sobre la decisión que ha tomado el Consejo de Política Criminal del ministerio de Justicia al no aceptar el proyecto de ley que busca castigar con cárcel a los conductores ebrios. Barreras aseguró que el Consejo, y en consecuencia el ministerio, están yendo en contravía a la decisión que ya ha tomado el presidente Santos de apoyar el proyecto. El rechazo por parte de varios organismos estatales frente a la muy necesitada ley, ha venido sucediendo de manera recurrente cada vez que algún senador osa hablar  de cárcel para los borrachos.  El ejemplo más reciente lo tenemos con las inoportunas declaraciones de vice fiscal Jorge Perdomo quien se mostró en contra de la cárcel para los irresponsables.  Perdomo aduce que los senadores y representantes no se deben dejar llevar por el clamor popular y tienen que darle prioridad a la técnica jurídica. En otras palabras, el proyecto no le sirve a la fiscalía.

Pero esta no fue le única entidad pública que decidió meterle mano a la iniciativa del gobierno. El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, afirmó no estar de acuerdo con la posible ley. El insipiente argumento en el cual se escuda el defensor es que dicho proyecto “colapsaría el sistema penitenciario, ya que no daría abasto con la cantidad de reclusos que generaría esa tipificación penal”.

A pesar de las victimas que a diario dejan en las vías los “borrachines”, pareciera que a la mayoría de las entidades gubernamentales no les preocupara esto. Es indignante saber cómo la misma defensoría del pueblo va en contra de un mecanismo que busca defender a la ciudadanía y, que por su parte, la Fiscalía esté más preocupada por saber cómo se hace una ley, que por salvar muchas vidas.

Señores servidores públicos, para los que no sepan, en esta oportunidad  es el mismísimo presidente Santos el que ha pedido a los representantes y senadores no permitir que un proyecto, a todas luces bueno, se hunda en el Congreso.